El Congreso aprobó una ley que prohíbe postular a cargos de elección popular a condenados por corrupción, narcotráfico, terrorismo y violación. A varios de los precandidatos que se perfilan a participar en las elecciones de octubre esta norma no les alcanzará. Pese a que muchos afrontan procesos por actos de corrupción o quienes recibieron condena antes del 9 de enero, fecha de la emisión de la norma.
Es necesario hacer precisiones. Primero la legislación solo se aplica a políticos con sentencia confirmada en última instancia, es decir, que ya no tengan chances de apelar.
El exprocurador anticorrupción de Cusco, Henry Delgado Urrutia, se mostró a favor de la misma. Es congruente con el deseo ciudadano de dejar fuera del manejo del Estado a los corruptos.
Sin embargo, dijo que la eficacia de la ley es a futuro y no retroactiva. No alcanza a “aquellos que fueron condenados con anterioridad al 9 de enero”.
De de esa misma opinión es el abogado penalista Leonel Villar, quien dijo que la nueva ley prohíbe postulación de sentenciados por corrupción “pero su aplicación es hacia adelante”. Aunque la interpretación definitiva la dará el Jurado de Elecciones.
Para el docente Saulo Peralta, es políticamente correcta y bien vista por la sociedad pero va contra la Constitución Política.
Se prohíbe candidaturas inclusive de quienes cumplieron su condena y, por ende, recuperaron sus derechos ciudadanos. Cuando un sentenciado cumple su pena queda rehabilitado para la vida civil y política.
En ese entender, Peralta manifiesta que por eso no tiene sentido que haya ciertos delitos bajo los cuales una persona quede estigmatizada de por vida, incluida para la actividad política, cuando lo que se busca es la reinserción a la sociedad.
"Ojo que cuando se priva de la libertad a alguien por haber cometido un delito, no se le retiran los derechos sino quedan suspendidos por el hecho de estar en un establecimiento penitenciario. Pero cumplida la pena, se reincorporan", precisa.
Peralta explica que impedir que un rehabilitado participe en elecciones afecta los derechos humanos. Refirió que los afectados podrían interponer una acción ante el Tribunal Constitucional para que declare nula esa ley.
INVESTIGADOS CUSCO
Cusco tiene una lista enorme de políticos con condenas en primera instancia, prisiones preventivas vigentes e investigaciones por delitos de corrupción. Hay más de 1600 casos en toda la región.
Aunque ahora mismo a ninguno le alcanza la ley, a futuro es posible que muchos sean “jubilados” de la política.
Benicio Ríos Ocsa es uno de ellos. El congresista fue condenado a 7 años de prisión por colusión por haber sobrevaluado, la compra de un terreno cuando era alcalde de Urubamba en 2009. Su condena ha sido apelada. Si la Suprema la confirma nunca más podrá postular.
La misma suerte podría correr el exalcalde del Cusco, Luis Flórez García. Flórez tiene al menos dos investigaciones en marcha. Se libró de la más grave por la compra sobrevaluada de un inmueble para Cosituc, pero también está en apelación.
El expresidente regional Jorge Acurio tiene más complicado el panorama. Mientras está con prisión preventiva de 18 meses por supuestamente cobrar una coima de Odebrecht, en Cusco hay al menos cinco procesos por corrupción en su contra. No obstante, si fuera excluido del caso Odebrecht y saliera en libertad como lo ha solicitado, no tendría impedimento para postular. En similar situación, con investigaciones en marcha, hay varios políticos. La lista la integran la exalcaldesa Fedia Castro, el exgerente regional Eduardo Zans Loayza, los exburgomaestres de Echararti José Ríos, Elio Pro y Raúl Morales, y el actual gobernador Edwin Licona. El alcalde de Urubamba, Humberto Huamán, es investigado por violación sexual.
PROCESOS EN AREQUIPA
Los arequipeños no son ajenos a la corrupción política. Hay precandidatos con problemas judiciales en marcha, pero ninguno con condena en última instancia. Están con procesos en curso, el actual alcalde de Alto Selva Alegre, Omar Candia, que aspira a la alcaldía de Arequipa. Otro que tiene las mismas aspiraciones es el burgomaestre de Cerro Colorado, Manuel Vera, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Con los pies de plomo que tiene la justicia es poco probable que haya condenas consentidas a medio año, fecha de la inscripción de las candidaturas.
Marcio Soto Rivera que volverá a postular al municipio de Paucarpata, tiene varios procesos en el Ministerio Público de Arequipa. Tampoco tendrá problemas.
Hasta el clan Cáceres, Luis y Roger, ambos condenados por recibir dinero de Vladimiro Montesinos, y cuyas condenas ya concluyeron ,podrían postular En su caso la ley no es retroactiva e invocarían la inconstitucionalidad de la misma. ♣
Sentenciados en Moquegua y Tacna con carta libre
En Moquegua, hay varios “viejos” políticos investigados pero podrán seguir en carrera. En la lista figura el exfujimorista Dante Zubia Cortes que quiere tentar el sillón del Gobierno Regional. Tiene tres fallos condenatorios, dos por delito de peculado emitidos en el 2004 y 2005, respectivamente. Uno es por presunto desvío de ladrillos a su domicilio. El tercer caso es por delito de usurpación de funciones, confirmado por el Segundo Juzgado Mixto de Mariscal Nieto en el 2003. Mientras el alcalde de Mariscal Nieto, Hugo Quispe, que aspira ser gobernador regional, tiene una sentencia por malversación de fondos.
A la lista se suma el actual gerente regional de Educación, Renzo Quiroz Vargas que tenía intenciones de participar en los comicios para la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. No obstante, fue sentenciado a 1 año de pena suspendida por el delito de peculado, en el 2016. El exalcalde de Ilo, Jorge Mendoza Pérez, purga condena de 5 años de cárcel por delito de peculado. Fue hallado responsable de haber concertado con exfuncionarios y hasta con un proveedor para sustraer sistemáticamente dinero de arcas ediles y así financiar la campaña de su reelección en el año 2006. Así se apoderaron de S/ 247 mil.
El alcalde del distrito tacneño de Sama, Wilson Bertolo, fue sentenciado por malversación en 2006 y aunque ya cumplió su condena no paga la reparación civil impuesta.
Otros sentenciados por peculado son los exalcaldes Genaro Condori Ramos (condena dada el 2010), Juan Quispe Acero (2016) y Santiago Curi (2015). Estos dos últimos apelaron a sus fallos.
Todos están aptos para postular a pesar de la ley.