Un auxiliar de un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Cusco es investigado por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma). Los litigantes lo denunciaron por supuestamente haberles pedido una coima a cambio de “favorecerlos” en los juicios que enfrentan.
El jefe de Odecma, Carlos Fernández Echea, refirió que está en marcha una investigación preliminar. Precisó que no se puede dar detalles de la denuncia. “Cuando se termine el proceso se sacará la resolución y se hará público”, anotó.
Otro auxiliar de otro juzgado también habría incurrido en la misma práctica. Odecma lo investiga. “Felizmente no son muchos los casos de corrupción. Nosotros estamos a la caza de cualquier indicio de corrupción”, apuntó Fernández.
Admitió que también hay jueces investigados por demorar procesos. Existen incluso casos que han superado el triple del tiempo que establecen las normas procesales. “Son algunos jueces quejados, pero no se puede revelar más datos”, refirió.
Un auxiliar de juzgado es como el brazo derecho de los jueces. Cumple todas las labores que le encomienda el magistrado, que incluyen la elaboración de documentación, sean disposiciones, autorequerimientos y hasta la redacción de las sentencias judiciales. Por eso se sienten empoderados y abusan de su posición.
De RETRASO A MALTRATO
La mayoría de quejas son por retardo en la administración de justicia y malos tratos a los litigantes. En el 2017, dijo Fernández Echea, el grueso de quejas recibidas en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura han sido por demora en la resolución de casos, principalmente en materia penal, laboral y contencioso-administrativo. Eso no es extraño porque de las 110 mil causas que tiene como carga la Corte Superior de Cusco, solo han sido resueltas 63 mil. Este año los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior empiezan con una carga superior a las 40 mil causas.
En 2017, Odecma atendió 2 mil 5421 casos entre quejas, procesos investigatorios, visitas ordinarias y extraordinarias e investigaciones preliminares. Fernández Echea explicó que se emprendió 422 procesos de investigación, de los cuales 338 fueron resueltos. En tanto, se abrió investigación preliminar en 35 casos y 3 fueron resueltos. Casi el 90% de denuncias que ingresaron a la oficina de control han sido resueltas (ver infografía). En varios casos se impuso sanciones que van desde una multa, apercibimiento y amonestación leve o grave.
Fuente La República