Cusco. El derrame de líquidos de gas en Camisea ha enfrentado a las comunidades nativas con la empresa Transportadora de Gas del Perú (TgP). El alcalde de Megantoni, Esaú Ríos, cuestionó que la empresa no haya aceptado las exigencias de indemnización de los nativos.
De igual forma, el congresista Edgar Ochoa sostuvo que hubo intransigencia de la empresa para admitir el daño ambiental y aceptar el pago de indemnizaciones así como obras en cada comunidad del Bajo Urubamba. Por ese desencuentro hay el riesgo de que en los siguientes días se cierren las válvulas de transporte de gas a la costa. Mientras que la empresa TgP indicó que cumplieron con informar con “datos objetivos y verificables” sobre las causas del incidente.
TgP sostiene que ofreció ampliar el ámbito de ejecución de campañas de salud y la entrega de agua y víveres a las 28 comunidades que forman parte del distrito de Megantoni, hasta que se cuente con los informes técnicos emitidos por las autoridades competentes. También ofreció realizar proyectos de desarrollo en localidades del Bajo Urubamba que se encuentran fuera de su área de influencia, independientemente de los resultados emitidos.
Según la empresa, esas propuestas fueron rechazadas por las comunidades que reclamaron una indemnización económica, así como el desarrollo de proyectos productivos en todas las localidades.
De otro lado, refieren que el bloqueo del tránsito fluvial iniciado el jueves 8 ha impedido continuar con la entrega de víveres a las comunidades del área de influencia, la campaña médica y cumplir con los exámenes de calidad de agua e hidrobiológicos en el río Urubamba.