En 2012, el Gobierno Regional Cusco decidió asfaltar con pavimento básico y hacer trabajos de conservación rutinaria a 1500 kilómetros de carreteras en la región. Con ese fin creó el Plan Vial Regional (PVR) con S/ 713 millones de presupuesto para tres proyectos viales.
Una comisión Ad Hoc llevó adelante el concurso. El Consorcio Peruano de Conservación, integrado por Concar S.A. y Obras de Ingeniería S.A (Obrainsa), ganó la obra de la red vial 3 (vías en Calca y La Convención) para encargarse de 524 kilómetros por S/ 226 millones 245 mil 264.44 soles. El contrató se suscribió el 28 de junio de 2012.
Tanto Concar, asociada a Graña y Montero, como Obrainsa, aparecen en la lista del “Club de la Construcción”. La Fiscalía de Lima puso bajo la lupa a estas y otras importantes empresas constructoras, porque se habrían beneficiado, entre 2011 y 2014, vía acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas, de contratos de obras públicas.
Sobre las obras viales en mención, un colaborador eficaz 06-2017 en el caso Lava Jato, exfuncionario de la empresa Odebrecht, señaló a la Fiscalía que en 2012 el expresidente Jorge Acurio les presentó esos tres proyectos y les dijo que los podía favorecer en la licitación a cambio de pagar el 3% del valor de cada obra. Agregó que Odebrecht no aceptó y se presentó como postor para el servicio de "Gestión vial por niveles en las redes 1, 2 y 3", pero no ganó nada. Quien sí ganó fue Concar y Obrainsa.
OBRA BAJO LA LUPA
La concesión de las tres redes se dio mientras habría operado el "Club de la Construcción". La red vial 3 tuvo varias irregularidades. En el segundo semestre de 2017, el procurador de la Contraloría, Jaime Ortiz Rivero, denunció por colusión agravada a varios funcionarios y empresarios que participaron en la licitación y ejecución de esta obra.
Casi al mismo tiempo tres consejeros regionales del Cusco interpusieron otra denuncia que incluía en los presuntos ilícitos a los expresidentes regionales Jorge Acurio y René Concha Lezama,así como al actual gobernador Edwin Licona; por colusión,peculado doloso y malversación de fondos.
El 29 de diciembre del año pasado, el fiscal del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Alan García Pérez, recibió ambas denuncias. Al revisarlos decidió acumularlos en un solo caso y abrió investigación preliminar por cuatro meses. Son 20 funcionarios y autoridades, y diez empresarios los involucrados en este caso.
Según la denuncia, la concesión “presuntamente habría sido dirigida” a favor de Concar-Obrainsa desde la elaboración de las bases administrativas y el proceso de selección.
Es más, existe un informe del Congreso de 2015 que concluyó que en un solo día se convocó a licitación, se elaboraron las bases y se seleccionó a las empresas ganadoras de las tres obras. Además, no existió un estudio de preinversión a nivel de factibilidad, por lo que se las habría favorecido.
Mientras que en la fase de ejecución se habría favorecido para que el consorcio cobre varios millones de soles en forma irregular, según el informe N.º 271-2016 de Contraloría.
HECHOS IRREGULARES
Durante la ejecución de la obra se presentaron varias irregularidades detectadas por Contraloría. Los funcionarios regionales aprobaron tres ampliaciones de plazo que eran improcedentes “por extemporáneos e injustificados” que evitaron que la Región cobre a Concar-Obrainsa una penalidad por retraso de S/ 22 millones 636 mil 798.34.
El consorcio debía concluir la obra en 6 meses, enero de 2013. Pero el 29 de enero de 2014, la empresa pidió una ampliación por 117 días, alegando que el tramo Kepashiato-Chirumpia había presencia de terroristas y no se podía trabajar. Los funcionarios no hicieron nada para cuestionar el pedido, permitiendo que se produzca el “silencio administrativo positivo”, o sea, se aprobó el pedido y se alargó el plazo a agosto de 2014.
La segunda ampliación fue por 144 días. Se presentó en agosto de 2014. Esta vez culparon a la temporada de lluvias para no trabajar. En esa ocasión también se produjo “silencio administrativo positivo”. La tercera ampliación fue por 301 días. Se pidió en noviembre de 2015 con el fundamento también de lluvias y se aceptó nuevamente por "silencio". Con ello la empresa se libró de pagar S/ 22 millones 636 mil 798.34 en penalidades.
Asimismo, la Región pagó al consorcio 191 mil 470 soles por trabajos en el tramo Calca-Quellopuito, pese a que se advertía que había un avance de “0.00”.
Igualmente, Concar-Obrainsa habría cobrado S/ 3 millones 750 mil 791.70 por trabajos que nunca hicieron. Según Contraloría, no trabajaron el tramo Kepashiato-Chirumpia por la presencia terrorista. A pesar de eso, el consorcio, en marzo de 2013, reportó que había reiniciado los trabajos entre Kepashiato-Chirumpia y entregó una valorización por más de S/ 3 millones que le fue pagada por la Región.
Otro hecho irregular es que la Región autorizó irregularmente trabajos sobre anchos en tramos que no lo requerían. Con eso se le pagó S/ 7 millones 777 mil 207.43. Estos adicionales el consorcio los consiguió al identificar 328 puntos críticos en total en la red vial 3, es decir, argumentó que en esas zonas no se podía hacer trabajos por fallas geológicas y otros, por lo que requería hacer adicionales. Pero ese requisito no se cumplía. Es más, la Contraloría determinó que los "puntos críticos" eran en mayoría tramos rectos sin fallas.
Igualmente, dice Contraloría, los funcionarios regionales aprobaron trabajos en tres tramos (Palma Real-Kiteni, Kiteni-Kepashiato y Kepashiato-Chirumpia) de "soluciones superficiales" cuando lo que se requería eran trabajos de mayor ingeniería. Por tanto, la obra no iba a durar 5 años como precisaba el contrato. Al avalar esas obras mal hechas se generó un perjuicio de S/ 28 millones 932 mil a la Región. Casi lo mismo ocurrió en otros tramos.
Fuente La Republica