En lo que va del año, tres turistas han fallecido en Cusco cuando practicaban ‘zipline’, una modalidad de deporte de aventura que consiste en deslizarse de una superficie a otra por cables sujetos a poleas.
Estos accidentes han generado una creciente preocupación sobre los riesgos del sector turismo –particularmente, el informal– y la necesidad de reducirlos con reglas especializadas que garanticen la idoneidad de los equipos, personal, infraestructura y demás. Estas reglas, que son recientes, están aún en proceso de implementación.
Según el Perfil del Turista Extranjero, elaborado por Prom-Perú en el 2017, el 50% de los visitantes consultados dijo que iría a Cusco para practicar turismo de aventura.
—Vacíos legales—
Días atrás, El Comercio fue testigo de un operativo inopinado realizado en el distrito de Maras por la Policía de Alta Montaña, la Dirección Regional de Turismo (Dircetur) de Cusco y la fiscalía de prevención del delito. Dos personas –una de ellas menor de edad– fueron intervenidas cuando ofrecían el servicio a pesar de que meses atrás ese lugar había sido clausurado para el turismo de aventura. Ambos fueron trasladados a la comisaría para ser denunciados por el delito de desobediencia a la autoridad. Esto fue posible gracias a un acta de fiscalización de la anterior intervención de la Dircetur, en la que los operadores se comprometieron a asumir las responsabilidades de incumplir la orden de cierre.
Rosendo Baca, director de esta entidad regional, explica que dado que no puede clausurar el servicio (el gobierno regional no tiene esa competencia), la Dircetur recurre entonces a la Policía de Alta Montaña y a la fiscalía de prevención del delito: la primera les da una asesoría de cuán segura es la actividad, y la segunda sanciona allí cuando hay un riesgo para la vida o seguridad de los turistas.
El Comercio.